carolina vázquez / Xalapa
Un grupo de egresados de la UV presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de quien resulte responsable, por la erogación de cerca de 93 millones de pesos pagados a la empresa «Rodríguez Pasquel Sucesores», por el juicio perdido de la renta de las computadoras. También involucra a demás autoridades de la universidad que conocieron del delito y no lo denunciaron como establece la ley y la propia legislación de la universidad
Presentan denuncia por daño patrimonial a la Universidad Veracruzana; este martes fue interpuesta una denuncia ante la fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos en contra de quien resulte responsable, por la erogación de cerca de 93 millones de pesos que le fueron pagados a la empresa «Rodríguez Pasquel, sucesores SA de CV», cuando Víctor Arredondo Álvarez fungió como rector de la Universidad Veracruzana y Raúl Arias Lovillo se desempeñaba como secretario académico de la máxima casa de estudios, la denuncia será ratificada en los próximos días.Y es que después de los innumerables señalamientos que se han hecho con respecto a que existe un contubernio y que se violentaron los reglamentos internos de la universidad, por no haber interpuesto el rector denuncia formal en contra de quienes fueron los responsables de la pérdida económica sufrida por la UV, un grupo de egresados de la máxima casa de estudios interpuso una denuncia, para que la fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos investigue el caso, ya que Raúl Arias Lovillo ha manifestado en reiteradas ocasiones que se trata de un caso cerrado.El documento de tres cuartillas menciona entre otras cosas que la referencia primordial sobre los daños radica en torno al contrato de arrendamiento del equipo de cómputo que propició un adeudo millonario en el cual se ha sumergido a la universidad, y del que se tuvo conocimiento hasta que prácticamente se forzó su reconocimiento, por razón de las circunstancias que rebasaron a las propias autoridades universitarias, quienes también mencionaron lo poco favorable que resultó dicho contrato y sus consecuencias, incluso para llegar a un acuerdo con la contraparte, según señalan dichas autoridades por cuestiones de ética; y señala que en esa situación se involucraron funcionarios universitarios de distintos niveles o jerarquías, todos ellos con facultades amplias en lo referente a comprometer el patrimonio universitario, y quienes en la mayor de las impunidades, ya fuese por comisión o bien por omisión, fueron partícipes de una serie de acciones que únicamente condujeron al deterioro patrimonial de la institución universitaria.
La erogación de los 93 millones de pesos, señala la denuncia, ha mostrado una clara ineficiencia en la gestión administrativa, pues esa suma se pudo haber invertido en incrementos salariales, apertura de plazas, construcción y remodelación de estructuras, becas o espacios para estudiantes y otros beneficios aplicados a la comunidad estudiantil, pero que sin embargo se impusieron los intereses de una minoría que pareciera han sido recompensados otorgándoles su casi inamovilidad en los cargos, demostrando con ello que al interior de la universidad, sí se puede llegar a acuerdos.Otro punto fundamental mencionado en el documento que fue dirigido al procurador de justicia del estado, Salvador Mikel Rivera, menciona que si bien la existencia de organismos autónomos dentro de la administración pública, les provee de personalidad jurídica y patrimonio propios, de ninguna manera los exime del cumplimiento de la ley, máxime en materia de responsabilidad penal, así como de transparencia y rendición de cuentas si los recursos federales y estatales que perciben son provenientes del erario público, y existe la probabilidad de que se haya producido quebranto patrimonial.En el punto número siete de la denuncia se marca que la posición asumida por las autoridades de la Universidad Veracruzana, quienes al no dar a conocer a las autoridades judiciales sobre la comisión de estos hechos posibles constitutivos de delito, exaltan la suspicacia obvia del caso haciendo extensiva la implicación de diversos actores universitarios; ya que evidentemente encierra una violación a las normas puesto que es actuación negligente y violenta el contenido del artículo 114 de la ley orgánica de la Universidad Veracruzana, que a su vez dispone «si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito, deberá hacerse la denuncia ante las autoridades competentes, sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva».Cita también que ante tal situación las autoridades universitarias han debido interponer la correspondiente denuncia por tales hechos, no tan sólo por el grado de participación que en ello han tenido, sino por el solo hecho de ser parte de la comunidad universitaria; al no interponer la denuncia formal, se pone de manifiesto la falta de responsabilidad que existe ante los estudiantes y hacia la sociedad misma, quienes son los que a través de sus contribuciones han ido edificando el patrimonio universitario, que merece ser respetado y defendido como propiedad y legado a las próximas generaciones; por lo que cualquier falla o menoscabo que en dichos bienes recaiga debe ser señalada, investigada y castigada como a derecho corresponda.
Presentan denuncia por daño patrimonial a la Universidad Veracruzana; este martes fue interpuesta una denuncia ante la fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos en contra de quien resulte responsable, por la erogación de cerca de 93 millones de pesos que le fueron pagados a la empresa «Rodríguez Pasquel, sucesores SA de CV», cuando Víctor Arredondo Álvarez fungió como rector de la Universidad Veracruzana y Raúl Arias Lovillo se desempeñaba como secretario académico de la máxima casa de estudios, la denuncia será ratificada en los próximos días.Y es que después de los innumerables señalamientos que se han hecho con respecto a que existe un contubernio y que se violentaron los reglamentos internos de la universidad, por no haber interpuesto el rector denuncia formal en contra de quienes fueron los responsables de la pérdida económica sufrida por la UV, un grupo de egresados de la máxima casa de estudios interpuso una denuncia, para que la fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos investigue el caso, ya que Raúl Arias Lovillo ha manifestado en reiteradas ocasiones que se trata de un caso cerrado.El documento de tres cuartillas menciona entre otras cosas que la referencia primordial sobre los daños radica en torno al contrato de arrendamiento del equipo de cómputo que propició un adeudo millonario en el cual se ha sumergido a la universidad, y del que se tuvo conocimiento hasta que prácticamente se forzó su reconocimiento, por razón de las circunstancias que rebasaron a las propias autoridades universitarias, quienes también mencionaron lo poco favorable que resultó dicho contrato y sus consecuencias, incluso para llegar a un acuerdo con la contraparte, según señalan dichas autoridades por cuestiones de ética; y señala que en esa situación se involucraron funcionarios universitarios de distintos niveles o jerarquías, todos ellos con facultades amplias en lo referente a comprometer el patrimonio universitario, y quienes en la mayor de las impunidades, ya fuese por comisión o bien por omisión, fueron partícipes de una serie de acciones que únicamente condujeron al deterioro patrimonial de la institución universitaria.
La erogación de los 93 millones de pesos, señala la denuncia, ha mostrado una clara ineficiencia en la gestión administrativa, pues esa suma se pudo haber invertido en incrementos salariales, apertura de plazas, construcción y remodelación de estructuras, becas o espacios para estudiantes y otros beneficios aplicados a la comunidad estudiantil, pero que sin embargo se impusieron los intereses de una minoría que pareciera han sido recompensados otorgándoles su casi inamovilidad en los cargos, demostrando con ello que al interior de la universidad, sí se puede llegar a acuerdos.Otro punto fundamental mencionado en el documento que fue dirigido al procurador de justicia del estado, Salvador Mikel Rivera, menciona que si bien la existencia de organismos autónomos dentro de la administración pública, les provee de personalidad jurídica y patrimonio propios, de ninguna manera los exime del cumplimiento de la ley, máxime en materia de responsabilidad penal, así como de transparencia y rendición de cuentas si los recursos federales y estatales que perciben son provenientes del erario público, y existe la probabilidad de que se haya producido quebranto patrimonial.En el punto número siete de la denuncia se marca que la posición asumida por las autoridades de la Universidad Veracruzana, quienes al no dar a conocer a las autoridades judiciales sobre la comisión de estos hechos posibles constitutivos de delito, exaltan la suspicacia obvia del caso haciendo extensiva la implicación de diversos actores universitarios; ya que evidentemente encierra una violación a las normas puesto que es actuación negligente y violenta el contenido del artículo 114 de la ley orgánica de la Universidad Veracruzana, que a su vez dispone «si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito, deberá hacerse la denuncia ante las autoridades competentes, sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva».Cita también que ante tal situación las autoridades universitarias han debido interponer la correspondiente denuncia por tales hechos, no tan sólo por el grado de participación que en ello han tenido, sino por el solo hecho de ser parte de la comunidad universitaria; al no interponer la denuncia formal, se pone de manifiesto la falta de responsabilidad que existe ante los estudiantes y hacia la sociedad misma, quienes son los que a través de sus contribuciones han ido edificando el patrimonio universitario, que merece ser respetado y defendido como propiedad y legado a las próximas generaciones; por lo que cualquier falla o menoscabo que en dichos bienes recaiga debe ser señalada, investigada y castigada como a derecho corresponda.
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